En muchos medios de comunicación no cesan de alabar “la buena salud laboral” de España, con sus niveles de ocupación en “máximos”. Olvidan aclarar que la tasa de paro en España, es la mayor de la UE y que en España los despidos llevan un ritmo endiablado: en 2023 hubo más de 600.000 despidos, según el Ministerio de Trabajo, la cifra más alta desde que hay registros, concretamente una subida del 35% más. Y recibieron una indemnización media de unos 7.500 euros, la menor de la serie histórica, siendo estos datos oficiales. Entonces un país con tan buena salud laboral ¿qué hace disparar las cifras de despidos? La respuesta es fácil: ¡la reforma laboral de Yolanda Díaz!
Los despidos se han disparado en España desde la reforma laboral, acordada a finales de 2021 e ideada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del actual gobierno. Sus efectos, como era de esperar por mucho que lo negaran desde el gobierno, fueron palpables desde sus comienzos: 2023 cerró sus días con un balance de 606.625 despidos, cifra muy superior a los 528.413 de 2022 y aún mayor de los 474.936 de 2019.
Yolanda Díaz, que verdaderamente no derogó la nefasta reforma laboral de Rajoy, siendo esta una de las promesas estrellas del gobierno a la hora de las elecciones, decía que con su reforma se iba a acabar con la precariedad laboral y limitar el uso «abusivo, injustificado y desproporcionado» de la contratación temporal con el contrato por Obras y Servicios, al cual la patronal, es verdad, recurría repetidamente para evitar los contratos indefinidos, con mayor protección. Pero para fomentar el trabajo indefinido creó la figura del contrato fijo discontinuo, una forma de enmascarar los contratos temporales, que o bien obliga a buscar un segundo empleo o a solicitar la prestación por desempleo, disparando el paro real a más de 3 millones de trabajadores. El fijo discontinuo ha sido el “coladero” para que la temporalidad de los contratos se instaure con mayor brío y para que en España florezca, como en tiempos de Franco, el pluriempleo para poder llegar a fin de mes.
Con su reforma Yolanda Día no cambió prácticamente nada; por supuesto aún menos los despidos como las cifras cantan en la actualidad muy claramente. Pues si hay mayor contratación, esta es engañosa; con la reforma en la mano, “…cuando se quiere dejar de contar con alguien, especialmente de poca antigüedad, ya no se opta por el truco del final de contrato temporal, se hace un despido por causas objetivas (indemnización de 20 días por año trabajado) o disciplinario (sin indemnización). Por vía judicial muchas veces se considera improcedente y se pagan los 33 días”, explica un abogado del Colectivo Ronda.
A esto hay que añadir, para rizar el rizo, que también caen las indemnizaciones por despidos: en 2023, con sueldo más altos que en años precedentes, la indemnización promedio fue de 7.446 euros, por debajo de 2022 (8.251) y del récord que se alcanzó en 2021 (11.147). La lógica es clara: contratos más cortos, indemnizaciones menores y la conclusión es evidente: el “gobierno de progreso” legisla para no molestar a la patronal y grandes empresas. Los beneficios empresariales no son más que la plusvalía extraída a la clase trabajadora. Esta plusvalía se obtiene de la diferencia entre lo que produce el trabajador y trabajadora y el salario que reciben. A menos salario, con un despido casi gratuito, más beneficios. Es el fondo del asunto: las ganancias de la gran patronal que provienen de la precariedad laboral de millones de trabajadores y trabajadoras.