Es evidente que los servicios públicos hay que sostenerlos, y que se sufragan con los impuestos de todos. Ahora bien, hablar de fiscalidad justa o de Justicia social, como desde el gobierno de progreso escuchamos a menudo, no corresponde con la realidad pues son los trabajadores quienes más contribuyen; los datos no mienten.
Según el diario Público, “El 20% más pobre de la población paga un tipo efectivo medio del 27,5% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 1% más rico paga un 24,1%.” Esta fiscalidad para ricos, además de engañar a la población, da alas a la derecha y a la extrema derecha que propagan a los cuatro vientos que en España se pagan muchos impuestos dándose la paradoja que muchos de entre sus jóvenes, afirman que sería mejor que en la nómina no se le descontase nada y ya solucionarán ellos coberturas médicas y colegios de forma privada.
Muchos afirman tamaña barbaridad por pura ignorancia, otros porque son cachorros a los que se inculcan las ideas desde la cuna. De entre ellos, muchos no podrían costearse una educación de calidad o costearse tratamientos si una enfermedad grave les tocase. Si reflexionamos y nos ajustamos a los datos reales, debemos saber que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa, el 36,8% del PIB. También parece extenderse la creencia, repetida por toda la derecha pero no por ello verdadera de que a los ricos hay que bajarles impuestos, porque si a ellos les va bien, crearán puestos de trabajo y a los trabajadores también les irá mejor. Pero esto ¿cuándo o dónde ha pasado? Ahí tenemos el Madrid de Ayuso, donde los regalos fiscales a los ricos cuestan a los madrileños 6.255 millones de euros al año y, por contra, lidera recortes en sanidad o educación que son insultantes.
Pero no son solo los regalos fiscales; hay otra parte, inmensa, que no vemos: el fraude fiscal, la evasión de impuestos con toda una ingeniería financiera que camuflan con sociedades complejas, con el uso de paraísos fiscales y muchas otras estratagemas más. Se estima en 91.600 millones el dinero así evadido. Según Gestha, -asociación de los técnicos del Ministerio de Hacienda-, el 72 % del fraude fiscal en España es cometido por grandes empresas y fortunas, como son la cervecera Damm, Banco de Santander, ACS , FERROVIAL etcétera.
El gobierno de Pedro Sánchez, que se autodenominó el “más progresista de la historia” sigue sin llevar acabo una reforma fiscal que prometió y que Sumar firmó y se comprometió a hacer. ¡Otra de las promesas que se llevó el viento!
Sin embargo cualquier reforma fiscal que no esté controlada por los propios trabajadores se traducirán en reducciones de impuestos para las clases pudientes y grandes empresas, en general. Hasta ahora es siempre la clase trabajadora en su conjunto la que ha pagado los regalos fiscales a los ricos, y lo hace degradando los servicios públicos, reduciendo las ayudas sociales, aumentando impuestos, precarizando al mundo del trabajo. Pero para controlar tal reforma fiscal e invertir los papeles, qué duda cabe que hará falta una revuelta social.