El año pasado los nacionalistas vascos del PNV junto al también nacionalista Eusko Arkatasuna y Ezker Batua, la IU vasca, negociaron y pactaron un proyecto de reforma del Estatuto Vasco. En diciembre del año pasado el llamado Plan Ibarretxe fue aprobado en la Cámara vasca por mayoría absoluta al votar a favor, inesperadamente, tres diputados de antigua Batasuna, grupo ilegalizado por el gobierno central. Desde un principio tanto PSOE como PP se opusieron al proyecto; se negaron a negociar el Plan en el parlamento vasco y en consecuencia votaron en contra.

Esto no es de extrañar pues siempre el PP ha llevado una rabiosa política antinacionalista. Ha utilizado y manipulado las muertes de ETA para mantenerse electoralmente y ha atizado su nacionalismo patriotero contra todo el que se opusiera. Su actuación tras los atentados islamistas de Madrid es prueba de ello. Como también lo es la manifestación de Madrid en contra del terrorismo, dónde se acabó atacando a los socialistas y golpeando al ministro Bono. El PSOE, aparte de la época en la que pactó con los gobiernos del PNV, ha utilizado también el terrorismo para sus fines. No ha querido desmarcarse de la derecha, incluso en el País Vasco han ido de la mano, y utilizado la guerra sucia contra ETA en la época de González.

Desde el principio tanto los socialistas como el PP, atacaron el Plan diciendo que era anticonstitucional, que rompía la unidad de España y abría la posibilidad del separatismo. El antiguo gobierno de Aznar llegó incluso a plantear la cárcel para el lendakari, si desde el gobierno vasco planteaba el referéndum.

Una vez ganadas las elecciones por Zapatero, el PSOE trató de desmarcarse de las posturas reaccionarias del PP y aunque siguió sin querer negociar la reforma de Ibarretxe, moderó su lenguaje y anuló la posibilidad de encarcelar al lendakari y suspender el estatuto en vigor. Acorde con el nuevo "talante", el PSOE vasco presentó otra reforma del Estatuto al final del año pasado, cuando ya el Plan Ibarretxe estaba apunto de aprobarse.

La verdad es que no se explicaba bien que el PSOE potenciara en todas las regiones las reformas de los estatutos, pactara en Cataluña con partidos nacionalistas e incluso tuviera ciertas veleidades con Ezquerra y que en el País Vasco se negara tajantemente a cualquier amago de negociación. Quizás en sus cálculos políticos pensaban que el Plan Ibarretxe que no iba a pasar el filtro autonómico ya que Batasuna se negaba a admitir la reforma, pues desde su punto de vista, no habría una verdadera vía para la autodeterminación de los vascos. Finalmente se aprobó por mayoría en el Parlamento de Vitoria y siguiendo el curso legal tocaba ahora presentarse en las Cortes de Madrid.

El PP defendió entonces que el Plan no debía discutirse bajo ningún concepto en Madrid. Volvían a la carga con el separatismo, acusando a Ibarretxe de antidemocrático, de hacerle el juego a ETA y romper con la Constitución. En el fondo el PSOE, aún pensando parecido, intentó aparecer como tolerante y aceptó el debate en el Congreso de los diputados para que hubiera una discusión pública y el Plan se rechazara sin ambages con luz y taquígrafos. El PP entonces vociferó contra Zapatero y cuando éste recibió en los días previos al Lendakari, antes que a Rajoy, entraron en cólera.

Finalmente el debate se produjo. Las posturas se dejaron claras. Para Ibarretxe había que solucionar el conflicto vasco, conflicto anclado en la historia desde las guerras carlistas y pidió la negociación de una reforma que el parlamento vasco democráticamente había aprobado. El PSOE pidió la retirada del Plan y la vuelta a la negociación dentro de los límites constitucionales. El PP reiteró su posición. En todos los medios de comunicación se alabó el "ejercicio democrático" y se "demostró" la posibilidad de hablar y discutir esos temas.

El Lendakari, después de reunirse en los días posteriores con su gobierno, adelantó las elecciones autonómicas, previstas para mayo, al 17 de abril. Tanto el bando nacionalista vasco como el nacionalista español, medirán entonces su apoyo electoral. De estas elecciones saldrá una correlación de fuerzas a favor de unos u otros, sin la participación de los abertzales prohibidos, y con el previsible resultado de una mayoría nacionalista.

Una vez más el conflicto vasco dividirá a la población vasca, ocultando los problemas sociales y obreros, en una pelea por más o menos independencia o autonomía, pero en el fondo esta pelea responde a luchas electoralistas y politiqueras por más poder regional y donde se dirimen los intereses de una pequeña burguesía en cargos y demás prebendas - como en todo el Estado y en los parlamentos autonómicos -, y una cierta estabilidad legal para los negocios de la burguesía. Sin embargo ni los nacionalistas, ni PSOE, ni PP ponen en cuestión nada respecto al orden social.

Después de las elecciones autonómicas, ¿negociarán y pactarán los socialistas y los nacionalistas?, ¿seguirán las espadas en alto? Y ¿el problema de ETA?, ¿se buscará una solución a lo irlandés como se especula? Hasta ahora el PSOE se había negado a negociar, a hablar sobre lo que quieren los nacionalistas. No se entiende muy bien cómo los socialistas y la derecha se han negado a negociar y a resolver políticamente el problema vasco. Pues tanto el PNV como EA son tan derechistas como el PP. Puede que la debilidad histórica de la derecha y de la burguesía española haya impedido una solución por el miedo a la desestabilización y a que el resto de las regiones pidan café para todos.

Tampoco, como decimos, el PSOE se interesa en lograr una solución negociada y se ha presentado como el primer garante de la Constitución y de su orden social. La actuación del PSOE explica su modo de actuar. Ha buscado su lugar en el universo de la burguesía presentándose como defensores de su orden. En vez de defender los derechos de los trabajadores llegaron a compromisos para tener a su disposición buenos sillones y siguieron presentándose como campeones de la democracia y del pueblo. El problema para los trabajadores es que han sido sacrificados sus intereses en pro de los negocios de la burguesía, de los puestos políticos, institucionales y empresariales, en un maridaje que aúna al carnicero de Vitoria en 1976, Martín Villa, y Prisa de Polanco, socialista.

De hecho la defensa enfervorizada por parte de la izquierda de la Constitución del 78 no se entiende sin comprender este hecho. Pues la Constitución fue realizada sin debates públicos, con el miedo de la población a la dictadura y al ejército y fruto de un compromiso oculto entre la izquierda y el régimen franquista en el cual los trabajadores sufrieron las condiciones antiobreras de los sucesivos gobiernos, comenzando con el Pacto de la Moncloa de 1979, para mantener los negocios de los de siempre y con el agravante de la represión sufrida por parte de las fuerzas represivas y la extrema derecha, sostenida por el propio aparato de represión franquista, que sólo desde la muerte de Franco hasta 1980 asesinaron a decenas de personas.

Los conflictos nacionalistas: una rémora del pasado

Los conflictos políticos durante el siglo XIX y XX han tenido siempre un componente nacionalista fruto de la propia constitución de España como estado nación. La península Ibérica siempre ha sido un conglomerado de pueblos que no fueron realmente centralizados y unificados. A partir del siglo XV los reinos de la península, menos Portugal que lograría mantenerse independiente, fueron progresivamente sometidos a la corona castellana que desarrolló e impuso su lengua y cultura. Tampoco con los Borbones se realizó una centralización real. La débil burguesía de nuestro país no pudo tampoco imponer un mercado y una industrialización lo suficientemente fuerte que permitiera una centralización.

Así pues, diversas culturas y lenguas permanecieron más o menos vivas en nuestro país. Cada conflicto político, desde las guerras carlistas hasta la última guerra civil, ha desarrollado siempre un problema nacionalista que, de una u otra forma, ha quedado vivo en sectores de la población de nuestro país. En el siglo XIX los carlistas no sólo representaban el viejo régimen absolutista y clerical, sino que se apoyaban en sectores del campesinado y de la baja nobleza que veían en los antiguos fueros sus tradiciones y autonomías y se veían empobrecidas y proletarizadas por la dinámica capitalista. Y es en esa tradición que los nacionalistas vascos se apoyan. Además una pequeña burguesía nacionalista e intelectual apareció a partir del desastre del 98 en Cataluña y en el País Vasco. Pero la manera de ver la sociedad de estos intelectuales y los problemas nacionalistas de lengua e identidad, no eran admitidos por el movimiento obrero que desde un principio mantuvo sus intereses por encima del hecho nacional burgués.

El franquismo supuso también no sólo un genocidio para la clase obrera y la izquierda, sino la prohibición y sometimiento de culturas y lenguas de las distintas regiones de nuestro país. Esta imposición violenta vino a dificultar y a reverdecer el problema nacionalista en Cataluña y Euskadi. Pero contrariamente a los años anteriores a la guerra civil, los nacionalistas en Cataluña y en Euskadi lograron aglutinar a la izquierda y extrema izquierda tras de sí. Curiosamente esa pequeña burguesía, mayor hoy que hace decenios, ha sido capaz a través de grupos políticos como Ezquerra Republicana en Cataluña, el BNG en Galicia, la antigua HB en Euskadi, de mantener sus posiciones políticas arrastrando tras de sí a la extrema izquierda, que defiende el derecho de autodeterminación en abstracto para apoyar las reivindicaciones de esta pequeña burguesía. Incluso el PNV y EA han conseguido influir en IU. La postura de esta formación respecto al Plan Ibarretxe ha sido ejemplo de esto. Mientras que en el País Vasco la IU vasca (E-B) se ha plegado y pactado con los nacionalistas, Llamazares tuvo una postura contraria al Plan, pidiendo la negociación. Sin embargo en el parlamento, ni vasco, ni central, hubo ningún grupo que defendiendo los intereses de los trabajadores desvelara la trampa nacionalista.

Tras el franquismo, la transición y el pacto constitucional, digan lo que digan sus defensores, no han resuelto los dos problemas que desde el siglo XIX permanecen en nuestra sociedad. Por una parte, el nacionalismo fundamentado en el problema vasco, pero también el catalán o el gallego, y por agravios el resto de regiones. Por otra el problema social, es decir, el problema de la explotación del mundo del trabajo por el capital.

Que el problema nacionalista se utiliza para enmascarar los problemas sociales es fácil verlo hoy día. No hay más que escuchar los argumentos demagógicos que utilizan los políticos para "resolver" los problemas sociales. En un debate en el Parlamento de Andalucía, Teófila Martínez, líder del PP andaluz, se encaraba con Manuel Chávez reprochándole que en Cataluña la reforma del estatuto y de la fiscalidad va a "llevarse" el dinero de los andaluces. En Cataluña o Euskadi el argumento es similar pero al contrario. Regiones ricas "pagan" los desaguisados de otras regiones subsidiadas. Y ahora electoralmente se utiliza el nacionalismo para obtener más recursos del Estado, más cuota de poder regional para los barones y como ocultación de la explotación del trabajo. El nacionalismo responde cada vez más a los intereses de la pequeña burguesía que busca cargos y prebendas y a una manera de resolver el problema de la explotación desviándolo hacia un tema cultural, territorial y de fiscalidad. La lengua como comunicación o el nombre de un territorio, no pueden sustituir o superar a las reivindicaciones sociales de clase, porque si ésto es así, como muestra el Plan Ibarretxe, no será más que una manera de dirigir con el capote a los trabajadores hacia las tablas de la burguesía para mantener el mismo orden social de explotación y además más divididos.

Una reforma que no cambia nada la situación de los trabajadores

El Plan Ibarretexe o más formalmente la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, intenta al modo nacionalista resolver el llamado conflicto vasco. Conflicto tan viejo como la construcción histórica del Estado burgués español o como se suele decir del Estado moderno. Y tan viejo como también el problema nacionalista en el resto del país.

Lo que realmente propone no es la separación del Estado, para crear otro Estado independiente. Es la búsqueda de más poder para los políticos vascos, bajo el nombre de pueblo vasco. Formalmente el nuevo estatuto propone un Estado libre asociado y la capacidad para decidir por sí mismos, es decir el derecho de autodeterminación. Además pretende un poder judicial vasco, voz propia en las instituciones europeas e internacionales, doble nacionalidad...Dejando aparte los temas de nacionalidad compartida deja al Estado central las competencias fundamentales. El problema para los trabajadores es que los separa del resto del país al dar al nuevo gobierno vasco la posibilidad de negociar aparte. Así la separación se convierte en debilidad a la hora de cualquier negociación colectiva o social. Es por tanto una reforma derechista que mantiene en el poder a los mismos de siempre. El problema, para los trabajadores, de la soberanía de los pueblos, asociados o independientes, es en lo fundamental un problema de clase: Los trabajadores deben buscar su propia soberanía independiente de la burguesía sea de la nación que sea.

Es verdad que el conflicto vasco existe desde el momento en el que sectores de la población vasca quieren más o menos autonomía o independencia y el Estado central ha impuesto por la violencia sus condiciones. Pero este problema se podría solucionar por medios políticos. Históricamente es el proletariado el único que ha permitido dar una solución a los problemas de la bancarrota del capitalismo. En épocas de crisis social, en épocas de revolución, era la única fuerza social que permitió desde el socialismo dar salida a los conflictos nacionalistas. Por eso creemos que sólo el mundo del trabajo permitirá solucionar los problemas nacionales sin imponer por la fuerza una opción nacional.

Tanto en sectores de IU como sectores de la extrema izquierda creen que la autodeterminación del pueblo vasco va a abrir grietas en el estado central para avanzar hacia opciones políticas más a la izquierda. Pero sólo si los trabajadores lideran la movilización contra la burguesía con un programa independiente y obrero podrán solucionar el problema nacionalista. Pues superaría la división entre nacionalidades para unirse en un proyecto de futuro contra el capital. Ahora los trabajadores no tienen nada que ganar en esta pelea, tanto con el plan Ibarretxe, que dividirá a los trabajadores con el resto del país, ni con las sucesivas reformas institucionales que pudieran pactar en el futuro y por supuesto tampoco con las opciones de la derecha y de los socialistas que no hacen más que enfrentar a la población.