En Madrid, el martes 23 de septiembre, el desahucio de una octogenaria de su vivienda, acompañado de una fuerte intimidación policial, provocó una ola de indignación que reunió en pocos días a cientos de miles de manifestantes y culminó con la ocupación de la plaza central, la Puerta del Sol.

Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años y cuyo alquiler había sido incrementado en más del 200 % por la empresa propietaria, se ha convertido en un símbolo de la violencia y la implacabilidad de la especulación inmobiliaria que expulsa a las familias de clase trabajadora de las grandes ciudades, donde a veces hay que dedicar dos tercios del sueldo a pagar la vivienda. Era el cuarto intento, tras el fracaso de los anteriores debido a la movilización organizada principalmente por el Sindicato de Inquilinos de Madrid. Tras una concentración de 500 personas la víspera del desahucio, al término de la cual la policía agredió a los manifestantes, una ola de protestas se extendió por las grandes ciudades. Familias de clase popular, jóvenes, personas mayores… Todos se identifican con la historia de Maricarmen, ya que la explosión de los alquileres desde hace años los sumerge en la pobreza y les devuelve a las peores angustias de la crisis inmobiliaria de la década de 2000.

Al igual que entonces, los golpes llueven sobre los trabajadores, mientras que la corrupción y la especulación se exhiben a la vista de todos. En el momento del desahucio de Maricarmen se celebraba, a un paso de allí, una feria internacional inmobiliaria, inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien a su vez está implicada en varios casos de irregularidades relacionados con la compra y el usufructo de lujosos pisos en la capital. Dado que la aplicación de la política de vivienda es una competencia autonómica, el cinismo de la presidenta de derechas, que se burló de la situación de esta señora, ha causado especial indignación.

Así pues, la ira se desbordó y, ya desde la noche del domingo 27 de septiembre, la protesta de miles de personas se materializó en una ocupación de la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional. Esta ocupación, el montaje de tiendas de campaña y la organización colectiva pueden recordar al movimiento de los Indignados de 2011; el primer objetivo de los ocupantes ya era presionar al Gobierno para que se promulgara con carácter de urgencia el decreto contra los desahucios que llevaba tiempo guardado en un cajón.

La movilización logró arrancar un gesto a este Gobierno de izquierdas, que hasta ahora se había escondido tras la descentralización y el bloqueo parlamentario para justificar su inacción. No es de extrañar viniendo de un Pedro Sánchez que, hasta hace poco, repetía a quien quisiera escucharle que la vivienda es un mercado, y que no dudó en enviar a la Policía Nacional para supervisar el desahucio con el fin de hacer respetar el derecho de propiedad. Sin embargo, es la propiedad de los inmuebles y del capital lo que hay que enfrentar para resolver el problema de la vivienda, tanto en España como en otros países.

Como dijo la propia Maricarmen a los manifestantes que acudieron a apoyarla: «Se ve que esta gente haría cualquier cosa por dinero. Por favor, luchad, no os quedéis en casa. Tenemos derecho a vivir».