Desde hace casi dos años que está en el poder, el presidente Javier Milei se ha ganado el respeto de las instituciones financieras y los medios burgueses de todo el mundo. Para recompensarle por haber restaurado los negocios en Argentina, estabilizado la inflación y las cuentas públicas, gracias a una enorme transferencia de riqueza a costa de las clases pobres, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le concedieron en abril un nuevo préstamo de 42 000 millones de dólares, que se suma al de 2018, aún sin reembolsar. Pero últimamente se acumulan las malas noticias para el Gobierno de extrema derecha.
Sobre la victoria de Milei
La victoria electoral de Milei, en diciembre de 2023, se produjo en el contexto de la violenta crisis económica que sacude a Argentina desde 2018 y el aumento descontrolado de la inflación. Desde la crisis de 2001, una parte importante de la población sobrevive gracias a más de 40 000 comedores populares. La deuda estrangula la economía de este país de 46 millones de habitantes, pero esto no es nada nuevo. A lo largo de toda su historia, Argentina nunca se ha liberado de su dependencia de sus acreedores. Su primer impago se remonta a 1890, ¡y desde entonces se han producido otros ocho! Amortizada en parte en 2005 y 2010, la deuda volvió a aumentar. Se duplicó durante la presidencia de Macri y, en el momento de la elección de Milei, ascendía a 927 000 millones de dólares.
Milei se distinguió durante la campaña presidencial de 2023 con un discurso violentamente reaccionario. Opuesto al feminismo, al derecho al aborto, a la educación sexual, a «la ideología woke», homófobo, climato-escéptico, denunciaba los «colectivistas de mierda», la «casta», es decir sobre todo los políticos peronistas, presentados erróneamente como socialistas, la burocracia sindical y el sindicalismo en general, pero también los jueces, los universitarios, los periodistas, los funcionarios... Alababa el comercio de órganos humanos, el porte de armas, el derecho de las empresas a contaminar.
Su compañera de fórmula electoral, hoy vicepresidenta, Victoria Villarruel, aseguraba el vínculo con la parte más derechista de la burguesía y el ejército. Procedente de una familia de oficiales implicados en la represión durante la dictadura militar, justificó sin ambigüedades el asesinato de militantes y la tortura visitando a antiguos torturadores juzgados y encarcelados.
Milei, cuya coalición electoral, La Libertad Avanza, obtuvo el 30 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, debe su victoria en la segunda vuelta frente al candidato peronista al trasvase de votos de la candidata de derecha, Patricia Bullrich (24 % de los votos). Esta última fue recompensada con el Ministerio de Seguridad. Si bien Milei se benefició de los votos de la burguesía y la pequeña burguesía, también atrajo a una parte de las clases populares, desesperadas y enojadas con el anterior Gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Milei decía querer reducir drásticamente el gasto público y privatizar todos los servicios públicos. Estos llevaban tanto tiempo deteriorándose que algunos soñaban con que la privatización pudiera suponer un avance. Denunciaba la corrupción, el clientelismo y la financiación estatal de asociaciones, a menudo peronistas, y al mismo tiempo... las escasas ayudas sociales. Se benefició de los escándalos en curso, de la condena a seis años de prisión y de la inhabilitación de por vida por corrupción de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.
Milei pretendía «exterminar» la inflación. Esta superaba entonces el 210 % anual, lo que creaba una situación insoportable para los más pobres. Al parecer, encontró eco entre una parte de los trabajadores del sector informal, es decir, casi la mitad de la población activa, y entre los más jóvenes (se puede votar a partir de los 16 años), que soñaban con un cambio radical. Milei pretendía también sustituir el peso, ese «excremento», por el dólar. Prometía mucho a cambio de importantes sacrificios durante un tiempo, y algunos querían creer que eso estabilizaría la economía y que la austeridad sería de corta duración.
La motosierra
La devaluación del peso en un 54 % desde los primeros días de su mandato fue el primer golpe que sufrió la población. Este ataque brutal vino acompañado de generosos regalos destinados a atraer de nuevo a los capitalistas extranjeros y animar a la burguesía a repatriar su dinero, unos 300 000 millones de dólares ocultos en bancos extranjeros para escapar del fisco y la inflación. Y, sobre todo, se trataba de tranquilizar a las instituciones financieras preocupadas por un posible nuevo impago.
La fuga masiva de capitales obligó a sus predecesores, el presidente derechista Macri y luego el peronista Fernández, a instaurar un control de cambios, impidiendo a los ahorristas retirar más de 200 dólares al mes de un banco, a un tipo de cambio fijado por el Estado, y obligando también a las empresas exportadoras a cambiar en pesos sus beneficios en dólares. Pero el sistema se estaba hundiendo por todas partes debido a la avalancha hacia los mercados cambiarios paralelos. Existían nada menos que 19 tipos de cambio, como consecuencia de las presiones de los diferentes sectores, exportadores de soja, multinacionales, etc. El 13 de diciembre de 2023, víspera de la devaluación, el dólar valía oficialmente 366 pesos, pero se cambiaba a 800 pesos en todas las oficinas de cambio, al tipo denominado « blue dollar ». La devaluación debía devolver al peso su «valor real». Esto provocó inmediatamente una espectacular subida de los precios. La inflación pasó del 210 % en diciembre al 292 % en abril de 2024.
Al mismo tiempo, Milei puso en marcha una política de austeridad extrema. Puso fin al control de los precios de los productos alimenticios, así como a las subvenciones para el agua, el gas, la electricidad y el transporte, lo que multiplicó por cinco el importe de las facturas. El precio de los billetes de autobús o tren de cercanías en la provincia de Buenos Aires se multiplicó por siete a finales de 2024. Los trabajadores y los estudiantes ya no podían desplazarse. En marzo de 2024, en plena explosión de la inflación, se congeló el pequeño bono destinado a los jubilados más modestos, que no tenían con qué alimentarse. Y el acceso a los medicamentos esenciales volvió a ser de pago para los afiliados a la Seguridad Social.
Milei también puso en marcha el desmantelamiento de los servicios públicos, con el objetivo de eliminar 70 000 puestos de funcionarios. Comenzó por suprimir o fusionar 9 de los 18 ministerios. Y no cualquiera. Los de Cultura, Educación, Mujeres, Género y Diversidad, creado por el gobierno anterior, cuyo 85 % de los agentes fueron despedidos, mientras que los programas de ayuda, como el destinado a las víctimas de violencia de género, fueron cuestionados. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, al igual que cientos de agencias locales de ministerios y organismos públicos, y se suspendieron otros tantos programas, poniendo fin a miles de contratos precarios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue intervenido y la agencia de noticias Télam, la principal agencia de Sudamérica, acusada de izquierdismo, fue cerrada. El presupuesto de las universidades se redujo en un tercio y el de los hospitales en la mitad, con miles de puestos de trabajo suprimidos. Los programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la lepra, e incluso el propio Instituto Nacional del Cáncer, están amenazados de cierre. Numerosos hospitales e incluso el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), equivalente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ven afectados por severos recortes presupuestarios y supresiones de puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a la construcción o al mantenimiento de infraestructuras, entre ellas las carreteras, se redujo casi a cero y miles de obras quedaron paralizadas. Incluso la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el más importante del país, destinado a conectar el inmenso yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta, en la Patagonia, con Buenos Aires, fue detenida.
A lo largo del año 2024, Milei ha causado una recesión en la economía: miles de quiebras, casi 250 000 empleos eliminados en el sector privado y en el público. La construcción y el comercio se derrumbaron. En agosto, las ventas en el mercado central de Buenos Aires habían caído un 40%, la producción de automóviles, a pesar del aumento de las exportaciones al Brasil, en casi un 20%. Los anuncios de despidos se han sucedido. La empresa siderúrgica Acindar, del grupo ArcelorMittal, dependiente de los pedidos públicos, ha suspendido casi por completo las actividades de sus plantas de producción y puesto en paro técnico a miles de trabajadores.
En todas partes, los trabajadores despedidos han venido a engrosar el sector llamado informal: vendedores ambulantes, taxis no oficiales, trabajadores a domicilio, ayudantes domésticos, etc. Como después del krach de 2001, las plazas de Buenos Aires se llenaron entonces de mujeres y hombres que trataban de vender sus ropas.
Una población que el año anterior todavía podía pagarselo no puede acudir a un médico o dentista. La educación se ha convertido en un lujo con el aumento de los gastos escolares, los precios del material escolar y el transporte. En seis meses, cinco millones de argentinos cayeron en la pobreza extrema, según cifras oficiales. Y en todos los barrios pobres, las chabolas del Gran Buenos Aires, los niños ya no comen lo suficiente. Las colas frente a los comedores sociales se alargan.
La nueva reforma laboral ha acentuado la explotación: mayor flexibilidad, períodos de prueba más largos, reducción de las indemnizaciones por despido y supresión de las multas por trabajo no declarado. En las obras de construcción, los trabajadores despedidos fueron posteriormente recontratados, pero sin contrato de trabajo. En la agricultura, el 60% de los trabajadores están empleados sin declarar.
Al principio del año, según la prensa internacional, Javier Milei había ganado su apuesta. El gasto público se redujo en casi un tercio. La inflación disminuyó. La devaluación permitió un superávit comercial y los gigantes de la agroalimentación pudieron vender sus reservas. El sector minero prosperó, impulsado por la carrera mundial por el acceso al litio. Un artículo del superdecreto de Milei autorizaba a las multinacionales a adquirir nuevas tierras, hasta entonces protegidas, para apropiarse de los minerales. Iba acompañado de nuevos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, garantizados 30 años. Los grupos Glencore, Eramet se precipitaban.
Las exportaciones aumentaban mientras que las importaciones se desplomaban. El negocio estaba de vuelta. Impulsado por algunos sectores, el índice de la Bolsa de Buenos Aires registró un aumento del 163% durante el año 2024. En plena explosión de la pobreza, las 20 empresas agroalimentarias que controlan la distribución alimentaria del país obtenían importantes beneficios. Entre ellas, dos grupos argentinos: Arcor, propiedad del multimillonario Luis Pagani, y Molinos, propiedad de la familia Companc, una de las más ricas del país. La disminución del volumen de sus ventas, combinada con el aumento de los precios, multiplicaba por diez sus beneficios.
En estas condiciones, el FMI concedió en abril un préstamo a Milei para permitirle levantar el control de los cambios, eliminar todos los impuestos y todas las sanciones por fraude fiscal y blanqueo. La burguesía, pequeña y grande, podía de nuevo mover su dinero como quisiera. Treinta mil millones de dólares invertidos en el exterior habrían reaparecido así en los bancos argentinos.
Pero recientemente, ha vuelto la preocupación de los financieros. La caída del peso frente al dólar se ha reanudado. Las arcas del Estado, vaciadas por la acumulación de regalos a los grupos mineros y agroalimentarios no se llenan lo suficientemente rápido. ¿Podrá el gobierno reembolsar el último préstamo? ¿Y el de 2018? Para tranquilizarlos, Milei inicia la privatización de AySa, compañía pública de agua y saneamiento que abastece a más de 11 millones de personas en el Gran Buenos Aires. La patronal de la industria y del transporte también está preocupada. La interrupción total de las obras de mantenimiento de los grandes ejes viarios provoca un caos creciente que amenaza con paralizar el transporte de mercancías.
A los trabajadores, Milei había prometido que después de los sacrificios, vendría la recompensa. A finales del año 2024, los comunicados oficiales de la presidencia proclamaban una disminución sin precedentes de la pobreza. Una mentira flagrante. La subida solo ha afectado a la burguesía. Para los trabajadores, la caída hacia el abismo sólo se ha ralentizado. La inflación es menos rápida, pero los precios siguen aumentando. Según las estadísticas oficiales, en abril de 2025 los precios de los alimentos eran un 40% más altos que en abril de 2024 y los de la vivienda, la electricidad y el gas, un 87%. Para los trabajadores con un contrato de trabajo, los salarios no son suficientes. Una médica en huelga del hospital pediátrico Garrahan de Buenos Aires estimó, a fines de mayo de 2025, que había perdido entre un 40% y un 60% de su poder adquisitivo durante el año pasado.
Más de la mitad de los niños del país viven hoy oficialmente por debajo del umbral de pobreza y uno de cada diez está malnutrido. Esto en un país que cuenta entre los principales productores de carne, trigo, soja y maíz. En cuanto a la pensión de jubilación mínima, se mantiene al mismo nivel, el del hambre.
¿Un poder fuerte?
Para soslayar las demoras parlamentarias y lanzar sus ataques, Milei primero utilizó un Decreto Nacional de Emergencia, que consta de no menos de 300 artículos, aplicables inmediatamente, pero sujetos a la aprobación posterior del Congreso, seguido unos días después de una ley ómnibus de 664 artículos, que tuvo que someter a la aprobación de las dos cámaras. Pero su coalición electoral contando con solo 39 diputados y 7 senadores, esta ley fue rechazada en febrero de 2024.
Por lo tanto, Milei tuvo que recurrir a la «casta» política que antes condenaba. Le llevó seis meses lograr sus objetivos. Seis meses de impugnación del carácter de urgencia de los decretos ante los tribunales, salpicados de dos huelgas nacionales y manifestaciones callejeras, durante las cuales recibió, sin sorpresa, el apoyo de la derecha.
Al ser Argentina un estado federal, también tuvo que llegar a un acuerdo con los gobernadores de las provincias, incluidos los peronistas, regateando la redistribución de los recursos del Estado. No fue hasta junio de 2024 que se aprobó la Ley básica, acortada en más de la mitad de sus artículos.
Milei obtuvo entonces poderes especiales que le permitían hacer pasar sus medidas a su antojo en nombre de un supuesto estado de emergencia. En mayo, una de ellas limitó el derecho a la huelga e impuso un servicio mínimo del 75% en transporte, educación, telecomunicaciones, con amenaza de sanciones contra los huelguistas. Otro endureció las condiciones de entrada de los inmigrantes, el acceso a la ciudadanía, facilitó las expulsiones y hizo que se pagara el acceso a los servicios públicos.
Desde junio y el fin de los poderes especiales, la oposición ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el Parlamento. Se han rechazado varios decretos presidenciales. Para tranquilizar el mundo de la finanza, Milei tuvo que usar su derecho de veto para bloquear una ley que revalorizaba las pensiones de jubilación y luego otra que aumentaba los medios asignados a las personas con discapacidad, justo antes de que algunos periódicos revelaran todo un sistema de corrupción en torno a la Agencia Nacional de la Discapacidad con el fin de favorecer una empresa: varios familiares de Milei, entre ellos su hermana, Karina, en la Secretaría de la Presidencia cobraban sobornos. ¡Un desastre para un gobierno elegido con la promesa de erradicar la corrupción!
Entonces la ira aumentó, como ha podido comprobarlo el propio Milei, expulsado recientemente de la calle a pedradas en plena campaña electoral. En el metro, conciertos o estadios, al aire de la canción cubana Guantanamera, la gente canta Alta coimera (la grande corrupta) haciendo referencia a Karina. Siguió la bofetada en las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre. La Libertad Avanza aliada a la derecha, con el 33% de los votos, pierde gran parte de su electorado de 2023, sobre todo en los barrios populares. Un resultado que no presagia nada bueno para ella: las legislativas nacionales de mitad de mandato, que se celebrarán el 26 de octubre.
¿Qué oposición?
En estas elecciones ha regresado con fuerza la corriente política peronista. Con el 47% de los votos, Fuerza Patria (ex Unión Patriótica), la coalición formada en torno al llamado partido «justicialista» fundado por Perón en 1946, acaba de imponerse como la principal oposición a Milei. El peronismo, esta especificidad argentina, enmarca política y sindicalmente a la clase obrera y los movimientos populares desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio está constituido por tendencias de derecha, incluso fascistas, y de izquierda, e incluso de extrema izquierda, en una época guerrillera. A pesar del enorme descrédito vinculado a los gobiernos peronistas anteriores, todavía hoy muchas asociaciones populares combativas, los movimientos de desempleados, los piqueteros en particular, son peronistas. La CGT, sindicato único durante mucho tiempo, lo es oficialmente y varios de sus dirigentes son al mismo tiempo diputados en el Parlamento por el Partido justicialista.
Es, por supuesto, un nido de víboras donde se enfrentan varias camarillas de políticos corruptos. Sergio Massa, candidato derrotado en las elecciones presidenciales de 2023, se dedicó a negocios en una institución financiera estadounidense que especulaba con la deuda. Otros se han unido a Milei. Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex presidente del partido, ex vicepresidente de la República de Néstor Kirchner, se convirtió en secretario de Turismo y Deportes. Decenas de diputados, bajo diversos pretextos, votaron las leyes que Milei necesitaba.
Varios clanes peronistas se enfrentan también en el seno de la central sindical CGT. Esta última no había llamado a una sola movilización durante los cuatro años del gobierno anterior. Frente a Milei y la magnitud de sus ataques, enfrentada al descontento de su base, solo hizo el servicio mínimo: tres llamadas a huelgas nacionales de 24 horas. Después de la del 9 de mayo de 2024, hubo que esperar un año para que se lanzara una nueva convocatoria el pasado 10 de abril. Un año durante el cual los dirigentes sindicales declararon una «tregua». Una política tan conciliadora que el descontento ha penetrado hasta la cumbre. En febrero, el secretario del sindicato de la industria automovilística, por otra parte diputado peronista cercano a Cristina Kirchner, declaró que la CGT «ya no representa a los trabajadores».
Ayudado por la pasividad de la burocracia de la CGT, el gobierno ha podido atacar más fácilmente a los que se resisten. Uno de los primeros decretos de la ministra de Seguridad hizo que el bloqueo de carreteras, un método de lucha muy utilizado por los piqueteros y los huelguistas, fuera sancionado con prisión. Desde entonces, la violencia policial se ha ejercido incluso contra los jubilados que se manifiestan el miércoles para denunciar la hambruna a la que están condenados. Todas las reuniones en la vía pública están de hecho prohibidas, sin que ello ponga fin a ellas.
La ayuda alimentaria pública se distribuye desde los años 2000 a través de asociaciones a menudo peronistas y combativas. Los comedores populares están ahora organizados por los propios habitantes y a veces se convierten en lugares de resistencia. El gobierno ha inventado malversaciones de fondos para atacar a estas asociaciones, multiplicando los registros e incautaciones de teléfonos. La prensa llegó incluso a publicar las direcciones de activistas. Luego el gobierno suspendió la ayuda alimentaria, y miles de toneladas de alimentos se pudrieron sin ser distribuidos. Y la misma represión ciega se ejerce contra los movimientos de huelga. Un número de teléfono público permite denunciar a «los sindicatos que te obligan a hacer huelga» o precisamente a militantes, con el fin de desencadenar procesos judiciales. Pero todas estas medidas no apagaron la protesta.
Las luchas de los trabajadores
Desde la llegada de Milei, las reacciones de los trabajadores no han faltado. Los de la salud, del hospital Garrahan de Buenos Aires en particular, los de la educación, de la investigación, se movilizaron varias veces contra las supresiones de puestos, los cierres, la baja de salarios y becas estudiantiles. Los de transporte paralizaron el país durante 24 horas en octubre de 2024. También se movilizaron los de diferentes ramas de la industria. En el último día de huelga nacional , el pasado 10 de abril, la prensa habló sobre todo de la estación Constitución de Buenos Aires, la más grande del país, totalmente parada, así como de aeropuertos, pero los trabajadores participaron en la huelga en muchas fábricas del Gran Buenos Aires y el interior.
Frente a la ofensiva patronal, fomentada por el gobierno, con bajas de salarios, desempleo parcial, supresión de empleos, aumento de la precariedad, las luchas son defensivas y duras. En octubre de 2024, los obreros de Petroquímica Río Tercero, cerca de Córdoba, se opusieron durante tres meses a la supresión de un tercio de los puestos de trabajo; en enero de 2025, los trabajadores de Pilkington, un subcontratista automovilístico, se movilizaron por las mismas razones, así como trabajadores de varias plantas de la multinacional Linde-Praxair (fabricante de gases industriales y medicinales) desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025. Desde finales de agosto, cientos de trabajadores de las empresas subcontratistas de la planta siderúrgica del grupo Techint en San Nicolás de los Arroyos, están en huelga ilimitada, también allí contra los recortes de empleo y la precarización.
La industria del automóvil ha hecho recaer sobre los trabajadores el descenso de la actividad. Durante el año pasado, las fábricas Scania de Tucumán, General Motors cerca de Rosario, Toyota en Zárate, Renault, Fiat, Iveco y Volkswagen en Córdoba y General Pacheco (Gran Buenos Aires) impusieron paro parcial y despidieron a cientos de obreros. Los mismos cientos de despidos afectaron a los trabajadores de los tres grupos de neumáticos Fate, Bridgestone y Pirelli en el Gran Buenos Aires. El sindicato único de trabajadores del neumático ha llamado a varias movilizaciones y bloqueos de carreteras, con cierto éxito.
Los mismos ataques afectan a todos los sectores industriales. Desde el 25 de febrero, en Buenos Aires, los 250 trabajadores de la imprenta Morvillo, cuyo cierre se anunció, ocupan la empresa. Los del complejo agroindustrial Ledesma, plantaciones y azucareras en la provincia de Jujuy, se han movilizado varias veces contra los despidos y la precariedad.
La clase obrera sigue siendo la clave de la solución. En lo esencial, sigue estando bajo el control de la burocracia sindical, pero su posición central en la economía le confiere una fuerza ineludible. Así, los trabajadores del sector de las oleaginosas se han hecho temer al llevar a cabo una semana de huelga total en agosto 2024 por aumentos salariales y su indexación a la inflación, y luego, de nuevo en marzo pasado, tras una violenta intervención de la prefectura naval contra huelguistas en Puerto San Martín, cerca de Rosario. Una llamada a la huelga ha llevado al cierre de todos los puertos del río Paraná, desde donde se exportan la totalidad de los aceites y harinas de soja. Algo que preocupa a los capitalistas. Estas luchas han impuesto a los patrones aumentos salariales superiores a la inflación.
No es la única baza de la clase obrera. Puede constituir un polo alrededor del cual toda la población pobre pueda reunirse. Ocurrió el pasado mes de febrero en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Mil trabajadores estaban en huelga en la planta frigorífica La China, del grupo Granja Tres Arroyos, primer productor de carne de pollo del país, propiedad de Joaquín de Grazia, un pariente de Milei. Aunque su volumen de negocios ha aumentado, el grupo se benefició de un «procedimiento preventivo de crisis» para imponer una reducción salarial del 20%, una mayor flexibilidad y el despido de 700 trabajadores de los 7000 que cuenta en el país, 80 de ellos en la fábrica La China. El cierre patronal para romper la huelga tuvo el efecto contrario. Provocó una movilización masiva en toda la ciudad, el 23 de febrero, que impresionó a todo el país. Recientemente, la movilización durante nueve días de miles de trabajadores de las fábricas de electrónica de Tierra del Fuego ha suscitado también el apoyo activo de una gran parte de los trabajadores del territorio, anulando las amenazas del Ministro de Seguridad de enviar fuerzas policiales en nombre de la ley antipiquetes.
Presente en todas las regiones del país, la clase obrera tendría la fuerza de agrupar a su alrededor a todos los explotados y enviar a Milei y su motosierra a la chatarra.
9 de septiembre de 2025