El 26 de noviembre, se organizó una huelga general en la India, a petición de diez sindicatos, es decir, todas las organizaciones, a excepción del sindicato BMS, cercano al gobierno. Doscientos cincuenta millones de trabajadores fueron llamados a dejar de trabajar, lo que le valió a este movimiento el título de "la huelga más grande del mundo".

 

Los bancos, el transporte, el acero, los puertos y muelles, las telecomunicaciones, la energía, la minería, el petróleo y el gas fueron convocados a la huelga, así como los servicios sanitarios y sociales. ¿Fue realmente seguida esta huelga y cuántos empleados en este enorme país? Parece haber tenido poca importancia en Delhi, la capital. Pero, a pesar del arresto de sindicalistas el día anterior, fue seguido ampliamente en los estados de Kerala, Tamil Nadu y Bengala. Se produjeron enfrentamientos con la policía. En Assam, los trabajadores de las plantaciones de té quemaron la efigie del primer ministro Modi.

 

La huelga se organizó contra la política antiobrera del gobierno. Los organizadores se centran en particular en las leyes adoptadas en septiembre en el Parlamento: la flexibilidad del mercado laboral que facilita los despidos; una reforma del Código de Trabajo que dificulta la formación de sindicatos, que ahora deben representar el 51% de la plantilla de una empresa para ser reconocidos, y que obliga a los trabajadores a anunciar una huelga con dos semanas de antelación para que sea legal.

 

Más allá de estas reformas, la pandemia ha provocado en India un brutal deterioro de las condiciones de vida de las clases populares. Si bien más de las tres cuartas partes de la fuerza laboral se encuentra en la economía informal, el cierre provocó que unos 140 millones de indios perdieran sus trabajos en marzo pasado, mientras que muchos más vieron caer sus ingresos, y temen el regreso de las hambrunas. El país atraviesa la peor crisis económica en décadas y los sindicatos también piden ayuda alimentaria y el pago de ayudas.

 

Además, miles de agricultores se concentraron en la capital del país, Delhi, en particular del Punjab, granero de arroz y trigo del país. Protestan contra la liberalización de los mercados impuesta por el gobierno. De hecho, hasta ahora, algunos agricultores venden su cosecha en mercados regionales (mandis) regulados por las autoridades locales, con precios establecidos por ellos. La ley ahora extiende las ventas a precio libre a las empresas, que podrían acumular y especular, y los campesinos temen una caída en sus ingresos.

 

Independientemente de los motivos ocultos de los organizadores y del alcance de estas movilizaciones, es evidente que la política del gobierno de Modi, vigente desde 2014, está enteramente dedicada a la burguesía del país, que se ha enriquecido en los últimos años con feroz explotación de los trabajadores indios.