Un nuevo ataque a los trabajadores: la nueva reforma laboral

Imprimer
Junio, julio, agosto 1997

El pasado 9 de abril la patronal española y los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) presentaron el preacuerdo sobre la Reforma Laboral que al menos oficialmente venían negociando desde el 20 de Enero. Pocos días después el gobierno aprobaba las líneas básicas del Plan de Estabilidad hasta el año 2.000. Tanto la Reforma como el Plan, la primera directamente, el segundo a un nivel más general, son una vuelta de tuerca más sobre las condiciones de vida de la clase obrera y de la población en general.

Con la nueva Reforma Laboral se profundizan los efectos negativos que sobre los trabajadores ha tenido la Reforma Laboral del 94. Recordemos que los reglamentos y leyes laborales fueron reformadas en 1.994 por el PSOE, en una Reforma Laboral que fue respondida, paradojas de la vida, con una Huelga General convocada por los sindicatos firmantes del acuerdo actual. La reforma del 94 abrió la puerta a la precarización del empleo con toda una gama de contratos basura, que ha hecho que casi el 50% de los trabajadores del sector privado y el 30% del público, estén en precario y que instituyó la inseguridad y el miedo en los trabajadores que fue bién aprovechado por la patronal para chantajear e imponer bajadas y congelaciones de salarios y aumentar la productividad. En el año 96 los costes unitarios del trabajo (la relación entre coste del trabajo y productividad) habían caido el 0'7% y la productividad había crecido en un 2'6% y sin embargo los salarios han perdido año tras año poder adquisitivo. Según datos oficiales el salario medio de un obrero en 1.991 era de 128.000 ptas., en 1995 fue de 158.000 ptas.(en números redondos), cuando el coste de la vida ha subido más del 30%. Es decir que en esos años se ha perdido más de un 8% de los salarios.

En el 94 el gobierno y la patronal razonaban de la misma manera: mejor tener un trabajo, aunque sea malo, que no tenerlo. Y con el argumento cínico de luchar contra el paro se le posibilitaba a la patronal poder contratar sin cotizar a la Seguridad Social, sin despido, por el tiempo que quisieran, y encima el estado subvencionando los contratos.

Así, casi todo el empleo creado es precario y por supuesto insuficiente para frenar el crecimiento del paro. Seguimos con cerca de 3'5 millones de parados, según la E.P.A., de los que el 50% aproximadamente son de larga duración y el 45% son jóvenes. Recordemos que el contrato de aprendizaje se hizo con el argumento de dar trabajo a los jóvenes.

Ahora, como el problema es que el empleo que se crea es temporal y en precario y los empresarios temen contratar con despidos "caros", se vuelve con el mismo tipo de razonamiento: mejor tener empleos estables con despidos "baratos" que empleos temporales en precario. Esta vez ya son más quienes lo defienden: la patronal, el gobierno y los sindicatos (CCOO, UGT).

La situación de paro que existe en el país es la espada de Damocles de la clase obrera. Es utilizada para presionar y bajar los salarios de los que trabajan y ahora se utiliza para abaratar el despido. Cínicamente los políticos y el gobierno ven en el acuerdo de La Reforma laboral y en el Plan de Estabilidad acciones para resolver el paro. ¡Como si el problema del paro dependiera del tipo de contrato y de un despido barato!.

Desde hace 20 años todas las medidas económicas y políticas, con el argumento de luchar contra el paro no hacen más que engordar los bolsillos de la patronal y del capital y empeorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y no es una cuestión de ética, sino de lógica del sistema capitalista. Los beneficios son los que hacen mantener en funcionamiento toda la economía y éstos se obtienen a costa del paro y de bajar los salarios. Estos beneficios, además, se invierten en el sector financiero y especulativo y no en sectores productivos que crean empleo. Las 350 empresas españolas que cotizan en bolsa obtuvieron unos beneficios de 2.208 billones, pero no crearon empleo significativamente (sólo 1.843 empleos de media) y en su mayoría despidieron.

Una nueva reforma laboral para abaratar el despido

La negociación patronal-CCOO y UGT está siendo alabada por la mayor parte de los políticos y de los medios de comunicación. Todos ven el esfuerzo negociador de ambas partes pero están ciegos a la hora de ver el permanente chantaje del gobierno que amenazaba con imponer su propia reforma si no había acuerdo o que no aceptaría que se pactara una reforma laboral suave. Los sindicatos aceptaron no sólo este chantaje sino la totalidad del marco negociador impuesto por la patronal y el gobierno.

En el transcurso de las negociaciones ha sido frecuente leer declaraciones de dirigentes sindicales destacando la importancia de conseguir un acuerdo "para mejorar la competitividad de las propias empresas". No es extraño pués, que esos mismos dirigentes pasaran de denunciar cara a la galería que la patronal sólo pretendía "el abaratamiento puro y duro del despido" a negociarlo y a aceptarlo finalmente. El resultado ha sido un acuerdo tan satisfactorio a los intereses de la patronal que el propio ministro de Trabajo del gobierno se ha permitido el lujo de declarar que la reforma laboral que preparaba el gobierno era más suave que la firmada por los sindicatos y que no pensaba rebajar las indemnizaciones por despido (cuestión que recoge el acuerdo).

Efectivamente la patronal ha conseguido su objetivo básico: abaratar el despido. Esto va a ser posible mediante la clarificación a su favor de las causas del llamado despido objetivo (por motivos económicos, productivos, organizativos o de producción). Con la clarificación al empresario le bastará despedir argumentando, no ya pérdidas, sino simplemente superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, colocarse bién en el mercado, adaptarse a la demanda o reorganizar los recursos. Este despido objetivo, ampliado y clarificado, sólo requiere una indemnización de 20 días por año trabajado (con un tope de 12 mensualidades) frente a los 45 días por año del llamado despido improcedente.

La reforma introduce un nuevo contrato indefinido destinado a jóvenes entre 18 y 29 años, parados de más de un año, mayores de 45 años, minusválidos y conversión de contratos temporales en fijos con un despido también más barato que los tradicionales contratos indefinidos, es decir 33 días por año trabajado frente a los 45 días por año del contrato indefinido tradicional. La Reforma abre las puertas al empresario para sustituir a los actuales trabajadores fijos por otros con un menor coste de despido y no solo con los trabajadores a los que va dirigido, en principio, el nuevo contrato indefinido. Cualquier otro trabajador entre 30 y 44 años de edad o que no tenga ninguna minusvalía, permaneciendo un año en paro o tras un contrato temporal, podrá ser contratado por el empresario con el nuevo contrato indefinido. Gran negocio para los patrones a costa de más sacrificio para los trabajadores.

Esta claudicación sindical se da en un contexto en el que, según datos de los propios sindicatos, las indemnizaciones por despido sólo suponen un 1% de los costes laborales totales y en el que el 97% de los contratos registrados oficialmente carecen de indemnización por despido.

Frente a todos estos ataques, a los trabajadores, los sindicatos han presentado como un gran logro "arrancado" a la patronal acabar con la precariedad laboral y presentan el acuerdo como el de la estabilidad laboral. Utilizan como justificación la eliminación del llamado contrato de aprendizaje por otro llamado de formación que recoge más garantías que el desaparecido. Siendo una gran injusticia los contratos de aprendizaje, la precariedad viene por otros tipos de contratos temporales. Por ejemplo en el 96 se firmaron 184.577 contratos de aprendizaje frente a los 2.523.626 de los contratos por obras y servicios y los 2.784.008 contratos eventuales por necesidades de la producción que en conjunto supusieron el 60% de las contrataciones. Estos contratos temporales, que carecen de indemnización, se van a seguir manteniendo al igual que la mayoría de las más de 18 modalidades de contratación que pueden utilizar los empresarios.

El paro y la precariedad laboral no se solucionan abaratando el despido y flexibilizando cada vez más el mercado de trabajo. Los responsables de esta situación son los empresarios que para obtener sus enormes beneficios imponen a los trabajadores el paro y la degradación de sus condiciones de trabajo y de vida. De esta forma en medio de 3.490.000 parados, las empresas como ABENGOA obtuvo el año pasado un beneficio del 197% y el Banco Bilbao Vizcaya obtuvo los mayores beneficios de toda la historia bancaria española. ¡Y aún dicen que tiene problemas para contratar!.

El plan de estabilidad: más medidas de ajuste

Las condiciones de vida de los trabajadores y la población en general van a sufrir nuevas medidas de ajuste con el Plan de Estabilidad aprobado por el gobierno .

Estas medidas preveen, en aras de la reducción de un déficit público del que no son responsables los trabajadores, la subida de los impuestos indirectos que gravan el consumo de la población y de las tasas por la utilización de los servicios públicos. Según el ministro de Economía, Rodrigo Rato: "se trata de que los usuarios de determinados servicios públicos paguen por su utilización". Estamos, pués, ante una nueva agresión al nivel de vida de los tabajadores que de año en año tienen que desembolsar cada vez más de sus salarios para satisfacer sus necesidades básicas.

Pagar más por unos servicios públicos que se van a ver todavía más degradados ya que el Plan contempla lo que llama una " reducción de los gastos corrientes del Estado" y la "racionalización del gasto sanitario", es decir nuevos recortes en gastos sociales como Sanidad y Educación que se sumarán a los ya puestos en práctica por el gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado. En lo referente a las pensiones se recoge la aplicación del Pacto de Toledo que va a implicar una reducción de la cuantía final de las pensiones y un mayor endurecimiento de las condiciones para acceder a ellas.

Frente a todas estas medidas que hacen recaer el peso del ajuste sobre la poblacción trabajadora el Plan de Estabilidad incluye propuestas a favor de los ricos. Mientras aumentan los impuestos indirectos que afectan especialmente a los asalariados propone una reforma del impuesto sobre la renta que reduciría la fiscalidad de las rentas del capital, al tiempo que una reducción de impuestos a las pequeñas y medianas industrias.

En todos estos regalos fiscales a los empresarios y a las rentas más altas, que hacen que el Estado deje de ingresar cientos de miles de millones y en la desorbitada cantidad de subvenciones que reciben los patronos, es donde hay que buscar la causa del déficit del Estado que luego tienen que pagar los trabajadores.

Y por si fuera poco los capitalistas causantes de este déficit van a ser los grandes beneficiarios de una política de privatizaciones encaminada a recaudar dinero para salvar este déficit. Rato en la presentación del Plan explicaría que "salvo los servicios públicos esenciales, todo es privatizable de aquí al 2.000". El gran negocio que está suponiendo las privatizaciones para los capitalistas ya se pueden ver en el caso de Telefónica. Tras su privatización completa la compañía ha anunciado para el próximo año la subida brutal de unas tarifas telefónicas consideradas ya de las más altas del mundo.

Está siendo del gusto de periodistas y políticos resaltar la importancia histórica del Plan de Estabilidad franquista de principios de los años 60 pero no dicen que se hizo sobre la base de una brutal reducción de los ya bajos salarios de los trabajadores, el cierre de fábricas y el paro de cientos de miles de trabajadores que tuvieron que emigrar a otros países. Igual comparación hacen con el Pacto de la Moncloa para salvar la democracia o el Acuerdo Económico y Social de 1984 para la entrada en la CE. Pero la base de todos estos Acuerdos o Pactos fue la misma, la congelación salarial y la flexibilidad laboral con su corolario de paro y reducción del nivel de vida de los trabajadores frente al insultante aumento de los beneficios empresariales.

Tengan el nombre que tengan todas estas medidas anti-obreras, se les justifique de una manera u otra (modernización, salvar la democracia o Europa), todas ellas hacen recaer el peso de la crisis sobre la población trabajadora. Todas ellas van encaminadas a mantener o aumentar los beneficios de la patronal a costa de las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados.

La clase obrera no puede esperar nada de estos planes que prometen un futuro mejor a costa de cada vez más sacrificios, ni de los conchabeos entre patronal y sindicatos en nombre de combatir el paro pero que en realidad abren las puertas a despidos masivos. Sólo la lucha contra esta ofensiva patronal y gubernamental podrá cambiar la situación y obligar a la patronal a invertir sus enormes beneficios en la creación de puestos de trabajo estables, con sueldos dignos para todos.