Regularización de los inmigrantes indocumentados, apoyo manifiesto a Palestina, oposición a Trump: el Gobierno de Pedro Sánchez en España pretende encarnar una izquierda capaz de combinar las reformas sociales con la resistencia a las corrientes reaccionarias. Si bien esta orientación contrasta efectivamente con la de muchos gobiernos occidentales, el «reformismo» de los socialistas españoles es del mismo tipo que el de otros partidos denominados socialistas o socialdemócratas en este comienzo del siglo XXI: salvo algunas medidas sociales, las reformas responden ante todo a las necesidades de la patronal.

Pedro Sánchez y su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), llegaron al poder en 2018, tras dejar en minoría al Gobierno del Partido Popular (PP), que encarnaba a una derecha heredera del franquismo y enemiga declarada de los trabajadores. Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), se llevaron a cabo importantes recortes presupuestarios en el ámbito social, se atacó masivamente el derecho laboral y se aprobaron leyes represivas, como la «ley mordaza», dirigida contra los movimientos sociales. El Gobierno de Rajoy sucedió a su vez a un Gobierno socialista —el de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011— que ya había comenzado a hacer que los trabajadores pagaran los platos rotos de la crisis mediante el retraso de la edad de jubilación, la supresión de ayudas sociales, una ley laboral que facilitaba los despidos, etc.

En la década de 2010 surgieron varios movimientos sociales para oponerse a las consecuencias de la crisis y a las políticas antiobreras aplicadas tanto por la izquierda como por la derecha. El más importante fue el del 15-M, conocido fuera de España como el de los Indignados, en 2011. Durante meses, jóvenes y menos jóvenes rebeldes se reunieron en las principales plazas de las ciudades del país, cuestionando el funcionamiento de una sociedad que solo sirve a los ricos.

Unos años más tarde, una nueva fuerza política canalizó ese descontento hacia las urnas imitando un eslogan del estadounidense Obama, « Yes we can », en español, « Podemos ». Su líder en aquel momento, Pablo Iglesias, apostaba por el rechazo al bipartidismo y retomaba el eslogan de las manifestaciones: «PSOE-PP, es la misma m…». Aunque Podemos e Iglesias se reivindicaban de los movimientos de protesta, para ellos el cambio debía proceder de las instituciones y de una nueva clase política que «hiciera política de otra manera». En realidad, cuanto más peso político ganaba Podemos, más garantías de responsabilidad ofrecían sus dirigentes a la burguesía al diluir su programa. Al no haber logrado nunca superar al PSOE, el partido acabó siendo la quinta rueda del carro en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, de 2020 a 2023. Posteriormente, fue otra encarnación de la izquierda radical, la plataforma «ciudadana» Sumar, la que ocupó ese lugar. Su líder, Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, sigue siendo vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

Podemos, Sumar y sus partidos satélites de la llamada izquierda radical siempre han justificado su presencia en el Gobierno con el pretexto de que obligaba al PSOE a llevar a cabo una política «verdaderamente de izquierdas». En realidad, han asumido los ataques contra los trabajadores impuestos al Gobierno por la burguesía, enfrentada a la crisis de su sistema, y han contribuido a hacerlos aceptables permitiendo que los sucesivos gobiernos de coalición se presentaran como los más progresistas de la historia.

A lo largo de estos ocho años, la política de los sucesivos gobiernos de Sánchez ha consistido en adoptar medidas «sociales» progresistas, siempre y cuando estas no pusieran en tela de juicio el parasitismo y la sed de lucro de los capitalistas y contribuyeran a que los trabajadores aceptaran la crisis. El gran mérito de Sánchez a ojos de la burguesía es haber logrado mantener este precario equilibrio… al menos mientras el agravamiento de la crisis no lo haga tambalearse.

La política social de Sánchez

La izquierda ha adoptado toda una serie de medidas en el ámbito social; entre ellas, el aumento del salario mínimo, que en España ha pasado de 735 euros brutos al mes en 2018 a 1 221 euros brutos en 2026. A ello se suman la creación de una renta mínima vital durante la pandemia, ayudas al transporte y a la cultura para los jóvenes, etc.

Bajo la presión de los movimientos feministas, que reunieron a millones de personas en manifestaciones a finales de la década de 2010 y hasta hace poco, se aprobó una legislación considerada una de las más progresistas del mundo. Las manifestaciones feministas habían invadido las calles tras el caso de « La Manada », una violación colectiva cometida en 2016 por un grupo organizado. Los culpables fueron condenados dos años más tarde a penas leves, ya que la ley no consideraba esta agresión como una violación porque la víctima estaba ebria. La ley impulsada por Podemos ha permitido, al menos, que, en teoría, sea imposible que se repita un veredicto de este tipo.

Sin embargo, estas políticas no han frenado el agravamiento de las dificultades sociales; es más, lo han acompañado. En relación con el coste de la vida, y en particular con el de la vivienda, el salario mínimo no permite vivir dignamente hoy en día, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, donde, de media, el 70 % del salario se destina al alquiler. El sector inmobiliario se ve especialmente afectado por la especulación.

Además, el aumento del salario mínimo no implica un aumento paralelo de los salarios, ni siquiera de los salarios más bajos. El salario mínimo solo afectaba al 3,5 % de los trabajadores a tiempo completo en 2018, frente al 12,7 % en 2024. Más aún que en Francia, el salario mínimo ha servido sobre todo para equiparar los salarios más bajos, que ahora se sitúan en el nivel mínimo.

El desempleo ha descendido hasta niveles comparables a los de antes de la crisis de 2008. Pero la contrapartida es que muchos trabajadores realizan más de 40 horas semanales, por un salario que apenas les permite sobrevivir, o incluso tienen que compaginar varios empleos. Gran parte de los puestos de trabajo creados son precarios; un ejemplo de ello es el sector de la hostelería y la restauración, que explota a muchos trabajadores temporales, sometidos a horarios fragmentados y con salarios insuficientes.

Incluso en lo que respecta a las políticas «sociales», las relaciones de dominación económica persisten. Mientras se ponen de relieve algunas medidas simbólicas, los grandes grupos españoles acumulan beneficios récord. Según el periódico El País, las empresas españolas nunca han ganado tanto dinero como en 2025¹. El banco Santander habría obtenido 14 000 millones de beneficios, seguido del banco BBVA (10 000 millones) y de la empresa energética Iberdrola (6 000 millones).

El tan alabado crecimiento económico español se basa sobre todo en los bajos salarios y en los beneficios de las reformas del Código Laboral heredadas de años anteriores, cuyos fundamentos no ha cuestionado el Gobierno de Sánchez. Los miles de millones de dinero público distribuidos en ayudas a las empresas, con el pretexto de la crisis sanitaria o de la guerra, también han contribuido en gran medida a ello, en detrimento de la educación y la sanidad, que se encuentran cada vez más deterioradas.

Una política migratoria cínica

La regularización de 500 000 personas indocumentadas anunciada en abril de 2026 se ha presentado como una medida humanitaria de gran importancia. Es evidente que podemos compartir el alivio de los miles de trabajadores a los que esta regularización permitirá, al menos durante un tiempo, alquilar legalmente un piso, dejar de temer a la policía y albergar la esperanza de conseguir un contrato de trabajo que les permita salir adelante. Pero se trata de algo temporal, ya que la «regularización» no es, en realidad, más que un permiso de trabajo de un año, que habrá que renovar demostrando que se ha cotizado a la Seguridad Social durante un número suficiente de meses.

Así, este permiso de trabajo temporal ofrece a los empresarios un medio de presión permanente sobre estos trabajadores, ya que quien no se muestre lo suficientemente sumiso corre el riesgo de volver a caer en la ilegalidad. Las organizaciones patronales, por otra parte, han aplaudido esta solución, ya que, en un país con una población que envejece, necesitan una mano de obra barata que tema perderlo todo. Miguel Pereira, asesor del sindicato de empresarios del transporte, se ha mostrado satisfecho con ello, ya que, según él, los migrantes «saben sacrificarse más»². En cualquier caso, estos trabajadores siguen estando a merced de cualquier cambio en la situación económica o política.

Si bien es cierto que, en una Europa en la que se multiplican los discursos antiinmigrantes y racistas, esta medida marca un cambio de tono, este humanitarismo del Gobierno de Sánchez es de geometría variable. La reacción del Gobierno ante la llegada de decenas de miles de migrantes al enclave de Ceuta desde Marruecos a finales de julio de 2026 fue reveladora. Para él, se trataba ante todo de defender «la integridad territorial de España»³, sin prestar apenas atención a los 147 fallecidos, ahogados al intentar sortear las estructuras de defensa instaladas en Ceuta por España desde hace décadas. Las Fuerzas Armadas españolas fueron enviadas de inmediato contra personas cuyo único delito era buscar una vida mejor. En realidad, la política migratoria de Sánchez es tan cínica como la de sus homólogos europeos. A cambio del reconocimiento de los derechos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez ha conseguido una estrecha colaboración con la policía marroquí para el control de las fronteras y la devolución de los migrantes. Es también su Gobierno el que financia en Mauritania la apertura de centros de detención destinados a encerrar a quienes desean llegar a Europa a través del archipiélago español de las Canarias⁴.

Un desarme político ante el auge de las ideas de extrema derecha

Ante el desgaste que le han supuesto sus ocho años en el poder, Pedro Sánchez intenta una vez más presentarse como un baluarte contra la extrema derecha para ganar las elecciones de 2027. Pero confiar en él para luchar contra el auge de las ideas reaccionarias sería un error, ya que ha sido precisamente bajo los gobiernos de izquierda cuando estas ideas han avanzado más.

De hecho, esta tendencia reaccionaria ya se refleja en los resultados electorales. Las últimas elecciones regionales, celebradas en otoño de 2025 en Extremadura y a principios de 2026 en Andalucía —una región tradicionalmente de izquierdas—, confirmaron el dominio del PP, la derecha tradicional surgida del franquismo, y un avance en los resultados de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace unos diez años. Vox reivindica aún más abiertamente el legado franquista y asume sin tapujos un discurso xenófobo, antifeminista y ultranacionalista, lo que le ha valido unos resultados electorales en alza, que actualmente rondan el 15 %. Ambos partidos, con la vista puesta en las elecciones generales (legislativas) de 2027, se enzarzan en una escalada de propuestas, defendiendo la memoria de los criminales de la Guerra Civil y de la dictadura. También proponen instaurar la preferencia nacional —un eslogan nuevo en España— para los servicios sociales y sanitarios, así como para la vivienda. En Ceuta, algunos de sus dirigentes no han ocultado su xenofobia asesina al proponer, por ejemplo, retirar a los agentes de policía la cámara individual que deben llevar consigo cuando intervienen para expulsar a los migrantes que permanecen en el enclave.

Estas ideas también se manifiestan a través del activismo de pequeños grupos que actúan de forma más abierta y libre, como los que se desplazaron a Ceuta para intentar movilizar a la población contra los extranjeros. En el verano de 2025, lograron desencadenar una caza de inmigrantes en Torre-Pacheco, una localidad del sur de España. Bastó con la agresión a una persona mayor para que militantes de extrema derecha acudieran en masa a esta región, dominada por grandes explotaciones agrícolas en las que trabajan numerosos marroquíes, y se lanzaran contra todos aquellos que les parecían extranjeros.

En este contexto, a la izquierda no le resulta difícil parecer progresista, ya que el programa de la derecha y de la extrema derecha es una declaración de guerra contra los trabajadores y, en particular, contra los más explotados: los migrantes. Pero incluso en este terreno, lo ocurrido en Ceuta en agosto pone de manifiesto los límites de los escasos principios progresistas de la izquierda. Al dejar que la situación se pudriera y bloquear a los migrantes a toda costa, el Gobierno ha allanado el camino para el desarrollo de ideas xenófobas que se expresan a través de manifestaciones de odio y agresiones colectivas (las llamadas cacerías).

En realidad, al hacer que los trabajadores paguen las consecuencias de la crisis, al tiempo que acompaña esta política con un puñado de medidas progresistas, el Gobierno de izquierdas se ha desacreditado ante muchos de ellos. Cada día son testigos del abismo que separa su optimismo aparente de las múltiples dificultades que tienen para trabajar y vivir. Este Gobierno también ha contribuido a desmovilizar a los trabajadores. Durante años, la ministra de Trabajo y miembro del Partido Comunista, Yolanda Díaz, ha defendido el supuesto «diálogo social». Bajo su mandato, los sindicatos nunca han tenido tanto acceso a los gabinetes ministeriales: al mismo tiempo, los grandes grupos veían cómo se multiplicaban sus beneficios y los trabajadores, cómo empeoraban sus condiciones laborales. Cuando los trabajadores se movilizaron en sus luchas, a menudo se encontraron frente al Gobierno, que se alineaba con los empresarios. Así ocurrió durante la huelga de los metalúrgicos de Cádiz en 2021: el Gobierno envió entonces a la policía y un vehículo blindado contra los manifestantes. Así ocurrió también en la huelga de Airbus, en julio, y posteriormente a partir de finales de agosto de 2026, en la que el Gobierno hizo valer su influencia en la comisión de conciliación para forzar la reincorporación al trabajo con el pretexto de que Airbus es una empresa «estratégica».⁵

El «¡No a la guerra!»

Desde hace unos años, Sánchez ha venido expresando una postura diferente en el ámbito internacional en lo que respecta a las políticas bélicas. Ha criticado la nueva guerra de Israel en Gaza y ha sido uno de los primeros en reconocer al Estado de Palestina, en contra de la voluntad de Estados Unidos e Israel. Posteriormente, el Gobierno prohibió la venta de armas a Israel, criticó la intervención en Irán y rechazó la participación de España en Eurovisión junto a Israel, para estar, como él mismo dice, «del lado correcto de la Historia»⁶.

El pasado 18 de abril, Pedro Sánchez organizó en Barcelona, en el marco de la Internacional Socialista, de la que es presidente, una concentración internacional bajo el nombre de «Global Progressive Mobilisation». El objetivo era presentarse como un polo anti-Trump, una alternativa progresista al «movimiento reaccionario internacional» que representan Meloni, Trump y Netanyahu. Estuvieron presentes Petro, por Colombia, Lula, por Brasil, así como otros dirigentes latinoamericanos. Este encuentro les permitió hacer grandes declaraciones sobre la paz mundial y la democracia, y presentar el respeto al derecho internacional y a instituciones como la ONU como el medio para oponerse a las guerras de Trump.

Es cierto que esto contrasta con la actitud de otros líderes europeos, incluidos los socialistas, que se arrodillan ante Trump y Netanyahu. En consecuencia, en el clima político español resulta más fácil denunciar públicamente el genocidio que se está produciendo en Palestina, nombrar las masacres sin sufrir un ataque sistemático por parte de los políticos y los grandes medios de comunicación, o incluso penas de cárcel (con suspensión de la condena) para los activistas sindicales, como ha podido ocurrir en Francia.

De hecho, Sánchez tiene en cuenta a su electorado y la tradición pacifista tan presente en la izquierda española. Esta tradición se remonta a los años 80, cuando España se adhirió a la OTAN, y sobre todo a 2003, cuando el Gobierno de Aznar se unió a la coalición impulsada por Bush para invadir Irak, acusado de poseer armas de destrucción masiva, acusación inventada de la nada. En aquel entonces se celebraron manifestaciones gigantescas, que reunieron a varios millones de personas al grito de «¡No a la guerra!» en todas las grandes ciudades españolas. Los manifestantes rechazaban tanto la participación en la guerra como la presencia de varias bases militares de la OTAN en territorio español. Son precisamente esas mismas bases cuyo uso Sánchez niega al ejército estadounidense para su guerra contra Irán.

La defensa del orden imperialista

Sin embargo, estas medidas del presidente del Gobierno español siguen siendo meramente simbólicas y no cuestionan en absoluto la defensa del orden imperialista. En un artículo de opinión publicado en Le Monde diplomatique el pasado mes de abril, Pedro Sánchez se presenta como «el anti-Trump», oponiéndose a la política de Estados Unidos en nombre de la legalidad internacional y recurriendo a la ONU, que habría contribuido «en estos últimos setenta y cinco años […] a crear el periodo más estable y próspero de la historia de la humanidad». Como si los ejércitos de los países ricos no hubieran sembrado el caos y la destrucción en regiones enteras durante esos setenta y cinco años para saquear los recursos y acaparar los mercados. España ha participado en esas guerras en función de sus intereses, como en Afganistán hasta 2021, junto a Estados Unidos, Francia y otros países.

Sánchez apoyó a las grandes potencias imperialistas a la hora de aislar a Venezuela e imponer sanciones, cuyas primeras víctimas se encuentran en la población. España acogió con los brazos abiertos a los opositores a Maduro y, cuando Estados Unidos lanzó su operación militar en 2025-2026, las críticas de Sánchez no impidieron que, entre las empresas que se benefician de las nuevas concesiones para explotar el petróleo venezolano, se encontrara el grupo español Repsol.

En cuanto a la guerra en Ucrania, el Gobierno español se ha erigido como uno de los más fervientes defensores de la OTAN; ha enviado armas y dinero al Estado ucraniano, pisoteando cierta tradición nacional de oposición al atlantismo. El presupuesto militar se ha triplicado en seis años, hasta alcanzar la cifra más alta de la historia reciente, y sigue aumentando. Por último, España es también uno de los principales exportadores de armas del mundo; es cierto que muy por detrás de Estados Unidos y Francia, pero ocupa, no obstante, el noveno puesto (con una población que se sitúa en el puesto número treinta); sus ventas han aumentado un 30 % desde 2018. España cuenta además con algunas empresas líderes en el sector del armamento: Airbus Military en aviones, Navantia en buques de guerra —que se exportan, entre otros destinos, a Arabia Saudí— e Indra en sistemas electrónicos utilizados en la vigilancia y el combate. España puede parecer menos propensa frente a las políticas belicistas de muchos países europeos que preparan abiertamente a su población para la guerra. No obstante, el Gobierno de Sánchez también está preparandose para tal eventualidad y ha demostrado que es capaz de movilizar al ejército, aunque sobre todo contra las poblaciones pobres.

La causa de los pueblos, un pose

A menudo se cita a Sánchez como ejemplo de uno de los defensores de la causa palestina. Pero el pueblo palestino no puede esperar ninguna ayuda real por su parte.

La clase obrera española ya ha pagado muy caro el hecho de confiar en gobiernos que se autodenominaban amigos. En 1936, mientras los trabajadores españoles luchaban contra las tropas franquistas, los partidos socialista y comunista les obligaron a posponer la revolución y a depositar sus esperanzas en una intervención de las democracias de Francia e Inglaterra, que nunca llegó, ya que esos gobiernos temían más a la clase obrera que a Franco. Mientras Hitler y Mussolini ayudaban a Franco, en Francia, Léon Blum y el Frente Popular proponían una convención internacional de paz y un embargo de armas, que fueron los únicos en aplicar.

El apoyo de Sánchez a Palestina es del mismo tipo. Sus declaraciones simbólicas pueden resultar reconfortantes, pero no están exentas de hipocresía. Si bien España ha dejado oficialmente de exportar armas a Israel, no hay que fijarse demasiado en los detalles. La industria armamentística está tan integrada a nivel mundial que siempre existen colaboraciones entre empresas españolas e israelíes en materia de componentes y tecnologías de armamento o de vigilancia masiva. Muchos de los contratos militares ya firmados se cumplen en nombre del derecho burgués, que, por su parte, es todo menos simbólico.

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En realidad, Sánchez no es más que el heredero de la larga historia de una izquierda que siempre ha utilizado su credibilidad entre las clases populares para hacer aceptar la continuidad del sistema capitalista y todas sus catástrofes. Cuando, al final del franquismo, en los años 70, el problema de la burguesía española era pasar sin contratiempos de la dictadura franquista a una monarquía parlamentaria, su mejor baza frente a una combatividad obrera ampliamente manifestada fue la actitud de los partidos de izquierda. Durante ese periodo que se ha denominado la Transición, hicieron todo lo posible por canalizar las huelgas y las manifestaciones y negociar con el aparato estatal franquista, que solo había cambiado de gobierno. Las organizaciones sindicales, algunas de las cuales habían llevado a cabo luchas decididas desde la ilegalidad, se transformaron entonces rápidamente, al igual que en otros países, en gestoras de un supuesto diálogo social.

Las próximas elecciones no pondrán en tela de juicio la evolución catastrófica del capitalismo, ni en España ni en ningún otro lugar. Una victoria de la derecha, que podría aliarse con la extrema derecha, reflejaría políticamente la evolución reaccionaria de la sociedad. Sin duda, esto conlleva una serie de peligros para la clase obrera española, pero sería un error considerar que esta izquierda de gobierno pudiera ser un baluarte contra tal evolución. Noventa años después de julio de 1936, hay que recordar que cuando los trabajadores españoles pusieron en jaque el golpe de Estado de los generales, lo hicieron con medios revolucionarios.

5 de septiembre de 2026