Lo que no dicen es que hay leyes que permiten que las grandes fortunas en este país se vayan de rositas pagando lo menos posible y que ese dinero quieren que salga estrujando más a la clase trabajadora, aunque ello suponga empobrecerla más de lo que está.

Por otra parte dejar exento de la tributación del IRPF a los colectivos más vulnerables no debe ser muy difícil, de hecho a las empresas de inversión se les permite por ley que tributen al 1%. Y además de la baja tributación, hay que tener en cuenta que es posible diferir el pago del gravamen. Ello supone que, mientras su capital esté invertido en la Sicav, éste tributará al 1%.

Los servicios públicos son necesarios y tienen que ser mantenidos entre todos a través de los impuestos. Pero el sistema tributario está pensado para mantener a raya los impuestos que pagan los ricos en este país mientras no pone límite a la recaudación que extrae de la clase trabajadora.

El lio que el Gobierno ha montado con la tributación del SMI no tiene nada que ver con la solidaridad fiscal, es evidente que detrás hay una estrategia para favorecer a la gran burguseía y sus negocios. El gobierno “de progreso” quiere dar otra vuelta de tuerca más consintiendo privilegios en materia fiscal a las grandes fortunas y exigiendo que paguen más a los trabajadores con salarios más bajos.

El acuerdo al que han llegado Hacienda y Trabajo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en 2025.

Ahora bien, aunque el SMI tribute en un futuro, más allá de 2025, siempre se respetará que sus perceptores cobren, como mínimo, el 60% del salario medio neto, por lo que las subidas de estos salarios y su tributación siempre deberán atender a este criterio.

Bajo este juego de palabras se esconde las verdaderas intenciones de este gobierno “de progreso”, mantener los privilegios fiscales de una burguesía parásita a costa de los trabajadores, incluso de aquellos que apenas llegan a fin de mes.