Franco sale de su mausoleo, pero sus víctimas todavía esperan justicia, reparación y verdad

Yazdır
Noviembre 2019

Parece que se está propagando entre los medios, que con el traslado de los restos de Franco se da por acabado el último símbolo de la dictadura. El propio Pedro Sánchez, tras el acto de su electoralista traslado dijo, entre otras cosas, “se pone fin a una afrenta moral como es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación, que solo puede descansar en la democracia y la libertad que compartimos.”

Es verdad que los huesos del dictador no pintaban nada en ese lugar; solo servía como atalaya para quienes aún añoraban sus pasadas y criminales “glorias” y era una afrenta a todas las víctimas de su dictadura.

Por ello, para muchos ha sido una gozada ver que por fin la momia ha ido a parar a una fosa lejos ya de la más que “jartible” exhibición pública en el Valle de un genocida.

La paradoja sin embargo está en la reparación de las víctimas del mismo dictador: ningún gobierno del PSOE ha hecho nada – o casi nada – en los muchos años que han tenido, para saldar las deudas con los miles de desaparecidos, con los miles de muertos que aún permanecen en las cunetas, dando la espalda a los deseos de sus familiares. Ni justicia, ni reparación, ni verdad sobre los millones de personas que han sido víctimas de torturas, encarcelamientos y asesinatos de una persecución generalizada del franquismo y las clases dominantes españolas contra las clases trabajadoras y populares.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el gobierno de Zapatero, en 2007 nació sorda, ciega y muda, pues no tiene las herramientas para la reparación de las víctimas y a sus familiares. Ni siquiera la retirada de los nombres y símbolos franquistas de edificios y lugares públicos se está llevando a cabo. Todavía hay 656 ayuntamientos que tienen vestigios franquistas en sus espacios públicos, y 1.171 calles y plazas que conservan nombres de figuras de la dictadura.

La Transición fue un pacto entre los políticos de la izquierda y franquistas que permitió acomodar a muchos cargos políticos, a jueces, a empresarios, a banqueros. Se taparon responsabilidades, limpiando el rastro de muchos de los que tuvieron que ver con las desapariciones o torturas.

El traslado de los restos de Francisco Franco es una buena noticia, aunque tarde, pero insuficiente para con sus víctimas que todavía esperan justicia, reparación y verdad.